La Justicia es el gran problema de los españoles

Cada día que pasa nos sorprende un nuevo caso de pensamiento débil que conduce paso a paso al fin del progreso civilizatorio. Decíamos ayer que el comportamiento de legisladores, jueces y profesionales de prisiones también era responsable del asesinato de dos chicas de la Policía por un delincuente no reinsertable; decíamos anteayer que multitud de etarras sin abjurar del terrorismo habían sido excarcelados por los mismos irresponsables; hoy podemos decir sin que suene a exabrupto, que todos los ciudadanos españoles somos también en parte culpables de la matanza del 11-M en Madrid.

Esto no es una boutade; es una realidad, por mucho que nos escueza. Es cierto que en primer lugar los culpables del 11-M son los terroristas que pusieron las bombas; por supuesto también los autores intelectuales que buscaban efectos políticos nacionales e internacionales y que permanecen en el anonimato todavía; pero también son responsables los jueces, profesionales de prisiones y legisladores que permitieron que un tal Allekema Lamari, que pasa por ser el jefe de los terroristas de medio pelo que colocaron las bombas en los trenes, fuera condenado por la Audiencia Nacional en junio de 2001 a 14 años de prisión por pertenencia a una célula del Grupo Armado Islámico (GIA), que esta condena fuera rebajada a nueve años y medio por el Tribunal Supremo, y que en junio de 2002 saliera en libertad (¡!).

Pero en última instancia, también somos responsables los ciudadanos españoles que permitimos que nuestros políticos legislen de manera suicida a favor del criminal y en contra de la dignidad de las víctimas, abriendo las puertas a que irresponsables jueces idealistas sin conciencia social e irresponsables psicólogos de salón sigan poniendo en la calle año tras año, mes tras mes y día tras día a terroristas, mafiosos, asesinos y violadores.

O los ciudadanos nos rebelamos cívicamente contra estos políticos de pensamiento posmoderno, que pasa por progresista y que en el fondo es muy reaccionario, porque conduce al fin del progreso que supone el Estado de derecho, o la democracia en España camina hacia el abismo.