LA DEMOLICIÓN DE ESPAÑA: (I) LA JUSTICIA

Carod-Rovira, representante de 600.000 ciudadanos españoles acudió a la Moncloa para poner firme a Zapatero, elegido por más de 11.000.000 ciudadanos españoles, y sobre todo, como él mismo se encargó de repetir –de una forma políticamente correcta- para ordenarle que ponga orden en el gallinero socialista, es decir, que las autorizadas voces que con suma prudencia han advertido de la inconstitucionalidad del Estatut y que han recordado que el principio fundamental de la izquierda es la igualdad ante la ley, se callen para siempre.

No sabemos si fue casualidad o causalidad, pero previamente el gobierno de Zapatero había presentado un proyecto para la demolición de la Justicia española como garante de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Aspectos inquietantes como que los ayuntamientos –es decir, ¡los políticos!- puedan nombrar cierto tipo de jueces llamados de proximidad, no son nada comparados con la intención de transferir buena parte del Poder Judicial a unos “Consejos autonómicos del P.J.” y dejar el Tribunal Supremo como mero órgano de unificación de doctrina, dotando de todo el poder de casación a los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.

Es decir, si ahora tenemos jueces “sensibles” como el trío Pedraz, Ollero y Guevara, paradigma del desistimiento de la Justicia, que se niegan a aplicar la jurisprudencia del Supremo que indicaba que las organizaciones políticas, juveniles y sociales de ETA eran ETA, y se dedican a excarcelar etarras, pero cabe el recurso ante el Supremo, ¡qué no sucederá cuando los TSJ de Cataluña y el País Vasco tengan la última palabra frente a “exterminadores” de papel como los etnicistas catalanes o de bomba como los etnicistas vascos!

Con los TSJ sometidos a los poderes autonómicos, los narco-traficantes poderosos se podrían escapar, los jueces podrían encarcelar por odio a quien les caiga mal, y sobre todo y ante todo, los terroristas de papel y de bomba en nombre de la nacionzuela autónoma podrían ser excarcelados.

Si los ilustrados definían el Estado de derecho como el espacio político donde los ciudadanos disfrutan de la libertad y de la igualdad por estar bajo el imperio de una misma ley, más allá de sus ideas, de sus creencias o de su origen, ZP ha comenzado la demolición de la España moderna por el eslabón básico: la Justicia.